La gran mentira de la conciliación

A políticos y empresas se les llena la boca hablando de conciliación; algunos sindicatos también se suman al coro. Podría parecer que ya está todo hecho, que con un plan de igualdad y un par de protocolos basta para cerrar el asunto. Que las mujeres ya son iguales a los hombres porque en ese documento “importante” aparece que la brecha salarial es inferior al 25%. Y quizá ese porcentaje tan alto como “aceptable” debería darnos una pista clara de hacia dónde van los tiros.

La realidad es que estamos muy lejos de la igualdad real. La conciliación se ha convertido en una trampa que penaliza a quienes más la necesitan, especialmente a las mujeres, con una pérdida económica brutal y estructural.

Tabla de contenidos

Reducción de jornada y excedencias: la doble condena
Permisos retribuidos: cada vez más difícil
Sentencias judiciales: recortes a golpe de mazo
El Plan de Igualdad: papel mojado
La conciliación que queremos: sin perder salario ni derechos

Reducción de jornada y excedencias: la doble condena

Las medidas estrella de conciliación —reducción de jornada y excedencias— se presentan como soluciones para cuidar a familiares o compatibilizar vida y trabajo, pero esconden una doble condena para la clase trabajadora.

La reducción de jornada implica trabajar menos horas, lo que supone un recorte proporcional del salario, salarios en muchas ocasiones precarizados. Esto afecta también a las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque en este caso la ley garantiza que se mantengan durante un tiempo limitado para evitar un impacto demasiado severo en las prestaciones futuras, como desempleo o pensión. Sin embargo, pasado ese periodo, las cotizaciones se reducen conforme a las horas trabajadas, con las consecuencias negativas que ello conlleva.

Por otro lado, la excedencia conlleva una pérdida total de salario durante su duración y afecta a las vacaciones, que se ven reducidas proporcionalmente al tiempo no trabajado. En cuanto a la cotización, se mantiene solo durante un periodo limitado (habitualmente dos años), lo que también impacta en los derechos futuros.

No es casualidad que el 85 % de las reducciones de jornada las soliciten mujeres, una clara muestra de que el trabajo de cuidados sigue siendo una carga femenina.

El resultado es una discriminación económica estructural disfrazada de flexibilidad: quienes recurren a estas medidas para cuidar pierden poder adquisitivo inmediato y ven mermados sus derechos y prestaciones a largo plazo. En definitiva, una trampa que penaliza a quienes más necesitan conciliar.

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Permisos retribuidos: cada vez más difícil

A esto se suma la odisea que supone ejercer incluso los pocos derechos que sí están reconocidos, como los permisos retribuidos. Las empresas, lejos de facilitar su uso, ponen todo tipo de trabas: exigen justificaciones innecesarias, niegan el permiso si no se solicita con días de antelación, o lo descuentan del salario si no se entrega un documento a tiempo. Un buen ejemplo es el permiso por hospitalización u operación de un familiar, que desde que se amplió a 5 días ha sido objeto constante de procedimientos judiciales, ya que las empresas se niegan a asumir su aplicación.

Y tampoco hay que olvidarse del polémico permiso de cuidado de menor, de 8 semanas de duración, que se aprobó en 2023 tras la trasposición de la Directiva europea de conciliación. A día de hoy, sigue sin ser retribuido en España, lo que lo convierte en papel mojado para la mayoría de familias trabajadoras. Europa ha llamado la atención al Estado español por no garantizar su retribución, pero mientras tanto, el coste económico lo siguen asumiendo —una vez más— las familias, especialmente las mujeres. Porque conciliar, en este país, sale caro. Muy caro.

Lo que deberían ser derechos claro y accesibles, se convierten en una carrera de obstáculos, con interpretaciones restrictivas por parte de Recursos Humanos y una presión constante para no “molestar” o “romper la operativa”. Así, los permisos retribuidos —que deberían servir para atender situaciones urgentes o delicadas— acaban siendo privilegios que hay que suplicar, justificar y pelear como si se estuviera pidiendo un favor. Agotando a muchas personas trabajadoras y haciendo desistir a tantas otras.

Sentencias judiciales: recortes a golpe de mazo

La justicia juega un papel clave en la defensa de los derechos de conciliación, porque, seamos realistas, son las empresas las que obligan a las personas trabajadoras a acudir a los tribunales de forma constante. Y esto ya es un agravio en sí mismo, porque en muchos casos los juicios terminan con un acuerdo en la misma sede judicial el día del juicio… ¿por qué sucede esto? Porque para la empresa no tiene consecuencias graves, mientras que para la persona trabajadora supone aguantar durante meses cualquier abuso o imposición.

Si a una persona trabajadora con menores o familiares a cargo se le modifican las condiciones de trabajo y decide demandar, tendrá que esperar meses hasta la celebración del juicio, soportando esa situación insoportable, sin más opción que renunciar a su trabajo o aceptar una reducción de jornada que significa perder dinero.

Esta realidad es una auténtica injusticia: el sistema legal deja a las personas trabajadoras desamparadas durante largos periodos, mientras que las empresas no sufren consecuencias inmediatas por vulnerar derechos fundamentales.

Pero, además, existen sentencias que van en contra de la conciliación. Recientemente, el Tribunal Supremo ha dictaminado que, aunque se pueda solicitar reducción de jornada para cuidar hijos o hijas menores, la empresa no está obligada a aceptar el horario concreto que proponga el trabajador, sobre todo en casos de turnos rotativos. Por otra parte, para disfrutar del permiso por operación de familiar, ahora se exige acreditar que el paciente requiere reposo domiciliario tras el alta hospitalaria.

Estas sentencias endurecen las condiciones para conciliar, dejando en manos de las empresas la organización de los horarios y poniendo trabas administrativas y jurídicas para justificar las ausencias por cuidado familiar. En definitiva, un freno más a una conciliación que, de por sí, ya es precaria y desigual.

El Plan de Igualdad: papel mojado

Los planes de igualdad se presentan como la gran solución para acabar con la desigualdad laboral, pero en realidad no son más que otra gran mentira. En la mayoría de los casos, son papel mojado porque parten de una base débil: cualquier empresa puede presentar su plan de igualdad de manera unilateral. Solo tiene que hacer el paripé de negociar con la parte social, pero no está obligada a alcanzar un acuerdo real. Esto significa que no hay medidas efectivas, y la mayoría de los planes se limitan a copiar derechos ya establecidos por ley o a incluir medidas que luego no cumplen, como en el caso de Zelenza y el teletrabajo para mujeres en periodo de lactancia.

¿Cómo puede garantizar un plan igualdad real y efectiva si en la mesa de negociación ya no existe igualdad? Es absurdo, casi tan absurdo como considerar que no hay brecha salarial de género si esta es inferior al 25%. ¿Sabes cuánto es el 25 % del Salario Mínimo Interprofesional? Son 354 euros brutos al mes. Según esta lógica, si una mujer cobra 1.380 euros y un hombre 1.725 por un puesto de trabajo de igual valor, la ley dice que no hay brecha salarial. Es sencillamente demencial.

La conciliación que queremos: sin perder salario ni derechos

Desde la Sección Sindical de CGT en Zelenza exigimos una conciliación real, que no obligue a la clase trabajadora a elegir entre cuidar o comer, entre tener familia o tener salario. Porque hoy por hoy, eso es lo que hay.

Reclamamos:

Compensaciones salariales reales durante las reducciones de jornada o excedencias, para que cuidar no signifique empobrecerse.
Cotización íntegra a la Seguridad Social durante todo el tiempo de conciliación, sin límites de años, para no perder derechos laborales ni sociales.
Negociación colectiva con poder efectivo, que iguale a empresas y parte social, para que realmente los planes de igualdad sirvan de algo.
Protección frente al abuso judicial de las empresas: exigimos medidas cautelares para que la persona trabajadora no tenga que aguantar meses de atropellos hasta llegar a juicio.
Permiso de 8 semanas retribuido, es necesario acatar la directiva europea sin mayor dilación y eliminar la pérdida de vacaciones asociada a este permiso. No tiene sentido utilizar el permiso para poder hacerte cargo de tus hijos/as y perder a cambio días de vacaciones, el resultado nuevamente vuelve a ser negativo para la persona trabajadora.
Protección absoluta contra el despido tras la solicitud de medidas de conciliación y recuperación de los salarios de tramitación.

Solo con medidas valientes y estructurales podremos desmontar esta gran mentira que llaman conciliación y avanzar hacia un modelo de trabajo y de vida verdaderamente dignos, justos e igualitarios.

La gran mentira de la conciliación

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