Entre 2017 y 2024, las bajas médicas en España se han duplicado: de 4,7 a 8,6 millones de procesos, con un coste de 16.500 millones de euros anuales. Las bajas por salud mental son las más prolongadas —de 67 a 98,5 días— y el 92% se califica como contingencia común, ocultando su origen laboral. Los sectores más afectados —sanitario (23,9%) y administrativo (19,1%)— comparten un modelo basado en la presión, la escasez de plantillas, …
El TJUE falla que el empleado no debe cargar con el gasto de las lentes si se necesitan específicamente para trabajar
Los empresarios deben sufragar los gastos de gafas graduadas o lentillas a aquellos empleados que las necesiten para corregir el deterioro de su visión y poder seguir trabajando frente a una pantalla de ordenador. Así lo ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una reciente sentencia (cuyo texto puede consultar aquí) en la que contesta una cuestión prejudicial de un tribunal rumano. No es necesario que el trastorno de la vista haya sido provocado por uso de las pantallas de visualización, se advierte.
El Ministerio de Sanidad publica una guía dirigida a los centros de trabajo que recuerda que obligar al uso no puede ser una medida arbitraria sino basarse en una evaluación del riesgo que tenga en cuenta la ventilación, el tiempo, la distancia o si hay personas vulnerables
El Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, lleva más de una década criando polvo en los anaqueles. Un Real Decreto que debía dar solución a miles y miles de personas en nuestro país que han trabajado –y siguen trabajando– expuestas a riesgos que acortarán drásticamente sus años de vida. Trabajadores y trabajadoras que están en contacto con amianto, o del sector del hierro colado, o del transporte de viajeros y mercancías, o de limpieza de centrales térmicas, por citar sólo algunos ejemplos, siguen a la espera de que aquel Real Decreto, aprobado hace ya once años, no quede en papel mojado.
Un reciente informe de Infojobs apunta que la regulación del trabajo en remoto no ha solucionado el principal problema que llevan años sufriendo los empleados.
A estas alturas, parece evidente que el teletrabajo ha llegado para quedarse: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último año se ha duplicado el número de trabajadores en remoto, llegando hasta los dos millones de españoles. Ante este ‘boom’, el pasado mes de septiembre de 2020 el Gobierno dio luz verde a un decreto-ley que estableció las nuevas normativas del teletrabajo en nuestro país. Sin embargo, no todo son loas a la nueva legislación, ya que hay aspectos como los gastos en el hogar asociados a la actividad profesional (teléfono, internet, etc.) que no están muy bien definidos o que, en algunos, de los que la empresa no se hace cargo.
El artículo 47 del Estatuto recoge la protección ante situaciones de fuerza mayor, sin embargo, establece distintos mecanismos para recuperar las horas perdidas
Académicas alertan de la necesidad de que la negociación colectiva aborde los acuerdos de teletrabajo o se regirán por la empresa o por pactos individuales
El Real Decreto-ley que regula el trabajo a distancia, que se aprobó el pasado 22 de septiembre y ahora se encuentra en trámite parlamentario, remite a que, en al menos 16 materias, sean los empresarios y los representantes de los trabajadores los que aborden en el marco de la negociación colectiva cómo aplicar el teletrabajo en las empresas.
El 7 de mayo el Comité Temporal de Seguimiento COVID-19 Atos Iberia envió un correo a la plantilla donde pedía que si formabas parte de un colectivo vulnerable (mayores de 60 años, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias y embarazo) se lo comunicaras a tu responsable y al Servicio de Prevención. No era necesario especificar a qué colectivo perteneces. La intención de AtoS en la medida de lo posible es que esas personas, además de las que tengan obligaciones de conciliación, se incorporen a la oficina en la última etapa de desescalada.
La plantilla del banco denuncia, entre otras cosas, que no se han tenido en cuenta las dimensiones de las oficinas para aplicar las medidas de prevención, ya que la fundamental es el distanciamiento social. En muchas sucursales es imposible conseguirlo