El sindicalista cree que «hay alguien intentando llevar torticeramente temas políticos a la esfera judicial» tras ver el informe de la Guardia Civil que atribuye falsamente su desconvocatoria de una manifestación a la COVID-19.
El sindicalista cree que «hay alguien intentando llevar torticeramente temas políticos a la esfera judicial» tras ver el informe de la Guardia Civil que atribuye falsamente su desconvocatoria de una manifestación a la COVID-19.
Asistimos a un patético espectáculo de las gentes de la derecha en las calles, en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19 y con la mayoría de la población confinada en sus casas, tratando de sobrevivir y de no extender el maldito a virus para no volver a la situación de sobresaturación de los hospitales y las UCI.
El incremento del trabajo en casa ha destapado vacíos en la regulación
La crisis del coronavirus ha demostrado a muchos escépticos que el teletrabajo es una opción real para muchas empresas y empleados. Según una encuesta realizada por Eurofound, más de un tercio de la fuerza laboral europea ha tenido que adaptarse por primera vez a esta situación. Sin embargo, el teletrabajo forzoso también ha destapado las carencias del sistema. La falta de convenios y protocolos específicos que complementen la escasa regulación existente ha desatado multitud de dudas entre las plantillas (las consultas se han multiplicado por catorce, según Legálitas), poniendo de relieve que urge legislar un modelo que parece que viene para quedarse.
Según datos del Banco de España, el año 2019 terminó con el cierre de 1.004 sucursales en sus últimos cuatro meses, la cifra más alta desde 2013. El sector bancario español, compuesto por bancos tradicionales, antiguas cajas de ahorro y cooperativas de crédito, contaba con 23.851 sucursales a finales de año, un 47 % menos que en 2008. Estos cierres se deben a la creciente transformación digital, al coste de explotación de la sucursal y a la focalización de los clientes en los canales móviles: hoy en día exigen más autonomía que nunca. Los riesgos de estos cierres son que algunas áreas ya no serán atendidas por los bancos, que podrían experimentar una pérdida de cuotas de mercado.
«Tememos que cuando se deje de sostener el empleo con dinero público empiecen los ERE de verdad», asegura el secretario general de CGT
José Manuel Muñoz Póliz (Valladolid, 1962) hace hincapié en que la clase trabajadora debe estar alerta ante la posibilidad de que sea ella, quien genera trabajo y riqueza, quien precisamente pague esta crisis. El secretario general de la Confederación General del Trabajo —tercer sindicato en representación territorial con más de 100.000 afiliados— asegura que la organización ya piensa en un escenario de protesta social a medio plazo que siga a la desescalada recién iniciada.
El organismo demanda al Ministerio de Trabajo que detalle cuánto han pagado medio centenar de empresas por los despidos masivos de mayores de 50 años.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha pedido al Ministerio de Trabajo y Economía Social que detalle cuánto ha pagado hasta ahora cada una de las grandes empresas que desde el año 2011 han ejecutado despidos colectivos que han afectado a trabajadores mayores de 50 años. El organismo ha reclamado al departamento que dirige Yolanda Díaz que especifique, en base a la información que obra en poder del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), las cantidades abonadas por medio centenar de empresas entre las que aparecen gigantes del Ibex 35 como Telefónica, Banco Santander o Caixabank, entre otras, según sendas resoluciones consultadas por La Información.
El retiro obligado a la edad legal conllevará el cobro del 100% de la pensión y debe estar recogido en el convenio colectivo
El momento de la jubilación es ansiado por muchos trabajadores que llegan a la edad legal de abandonar el mercado de trabajo. Pero también hay quien teme ese momento e intenta estirar su carrera laboral, bien porque aún se siente con capacidad para aportar su experiencia, o porque pasar a cobrar la pensión de jubilación supondrá una merma importante de sus ingresos. Quieran o no los trabajadores, el caso es que las empresas les pueden obligar a retirarse una vez que alcancen la edad ordinaria prevista en la normativa de la Seguridad Social.
La organización anarcosindicalista vuelve a incidir en la importancia de garantizar la seguridad laboral
CGT considera que la aplicación del RD 10/20202 ha sido un “desbarajuste” puesto que muchas empresas han sido incluidas en el mismo, identificando su actividad como “esencial”
El secretario general de la Confederación General del Trabajo denuncia que las medidas tomadas hasta ahora repercuten en el bolsillo de la clase trabajadora y reclama una renta básica como solución inmediata a la crisis abierta por el coronavirus.
De forma incomprensible, los hechos nos demuestran que la salud de las personas trabajadoras se ha situado en un segundo plano desde el inicio de esta crisis. Han primado, una vez más, los intereses empresariales; es decir, los intereses de aquellos que pagan menos impuestos, ya que dos de cada tres euros recaudados provienen de la clase trabajadora, mientras que solo uno proviene de las empresas.