El pasado 28 de diciembre, como una inocentada más, el pretendido gobierno más progresista de la historia aprobó el texto de la nueva Reforma Laboral, que previamente había acordado con los sindicatos del régimen y la propia patronal. Posteriormente, el día 3 de febrero, en una bufonada de traca, el Congreso de los Diputados convierte en Ley el texto aprobado por el Gobierno.
El Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, lleva más de una década criando polvo en los anaqueles. Un Real Decreto que debía dar solución a miles y miles de personas en nuestro país que han trabajado –y siguen trabajando– expuestas a riesgos que acortarán drásticamente sus años de vida. Trabajadores y trabajadoras que están en contacto con amianto, o del sector del hierro colado, o del transporte de viajeros y mercancías, o de limpieza de centrales térmicas, por citar sólo algunos ejemplos, siguen a la espera de que aquel Real Decreto, aprobado hace ya once años, no quede en papel mojado.
El Consejo de Transparencia ha instruido al Ministerio de Trabajo, que encabeza la vicepresidenta Yolanda Díaz, para que remita a la Confederación de Sindicatos (CGT) un informe sobre los inmuebles que la dirección ha entregado a las organizaciones sindicales, indicando su ubicación, dimensiones , y el uso que hace el sindicato de cada uno de ellos y desde cuándo.
En primer lugar, es necesario aclarar que no estamos ante una derogación de las reformas laborales de la etapa Zapatero de 2010 ni de la etapa Rajoy de 2012. Ni mucho menos. Estamos ante una nueva reforma laboral en toda regla. Un texto que incluye novedades inquietantes y que ha atornillado elementos de las reformas anteriormente citadas pese a que se ha demostrado que han sido las causantes de que la precariedad laboral se haya convertido en sistémica.
Valgan estas primeras líneas de urgencia para hacer una valoración general de la Reforma Laboral sin perjuicio de un estudio más reposado en los próximos días. De entrada y ante la inevitable pregunta de si estamos ante un texto que mejora las condiciones de vida de la clase trabajadora, cabría contestar que depende. Si se valora precepto por precepto no se puede negar que introduce mejoras respecto al texto que quedó pulido con la Reforma Laboral del 2012 y que fue refrendado por el Tribunal Constitucional. Si uno usa como referencia las condiciones laborales anteriores a dichos textos, o simplemente se deja guiar por la propaganda política, en boca de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz: «Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias», el texto de la nueva normativa o derogación de la Reforma Laboral -uno no sabe ya cómo llamarlo-, es insuficiente. Es decir, el texto que va a aprobar el Consejo de Ministros no retorna a la situación anterior a la reforma de 2012, ni mucho menos a la de 2010.
Llevamos lamentablemente demasiado tiempo observando como el sindicalismo subvencionado ha venido utilizando sistemática, reiterada e interesadamente la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en el año 2012 como excusa permanente para, en aplicación de su teoría del “mal menor”, firmar acuerdos lesivos para la clase trabajadora.
La organización anarcosindicalista considera que esta modificación de la normativa es totalmente insuficiente, porque continúa desprotegiendo a las personas trabajadoras más precarias de nuestra sociedad
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado tras conocerse el texto de la “nueva” Reforma Laboral, y que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros en breve, en el que analiza las líneas más importantes del mismo en cuanto a los efectos que tendrá sobre la clase trabajadora, dejando claro que los cambios anunciados por la ministra de Trabajo son totalmente insuficientes, no siempre positivos, y no se ha llegado a gran parte de los objetivos.
El pasado 2 de noviembre se anunció finalmente por parte del gobierno el inicio de la negociación para la reforma laboral, la denominada «reforma laboral para el siglo XXI». Desde la Confederación General del Trabajo hemos analizado todas las noticias y declaraciones públicas con creciente preocupación. Se confirma que el gobierno no derogará las dos reformas laborales (2010, del gobierno Zapatero, y 2012, del gobierno Rajoy) que han sumido a nuestro país en la mayor precariedad laboral que se recuerda. Ahí están los datos de la última EPA, donde las cifras relativas a la destrucción de empleo, temporalidad o la inmensa brecha salarial, así como el crecimiento galopante de los denominados “trabajadores pobres”, demuestran que la hemorragia no puede frenarse únicamente con un puñado de tiritas.
“Esta interpretación reduccionista que propugna el sindicato recurrente [CC OO y UGT] resultaría contraria al derecho de libertad sindical y al pluralismo sindical”, considera la sentencia de la sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
Cumplir años y envejecer es algo que nos afectará a todos y a todas. La lucha por unas condiciones de trabajo dignas es importante. Es una lucha por el aquí y ahora, y también por nuestro futuro y el de nuestras familias. Sin embargo, hace falta tener en cuenta una cuestión más para que esa lucha no carezca de verdadera perspectiva. Por ello, hay que empezar a pensar que el problema de las pensiones nos afecta a todos y a todas, y nos afecta mucho.