CGT, único sindicato que se opuso al acuerdo y defendió la legalidad y derechos de la plantilla
A pesar de la sentencia, CGT considera que la valoración de la prueba realizada por la Sala ha sido sesgada y no ha entrado a analizar el fondo del asunto. Tanto el Ministerio Fiscal como el Abogado del Estado en representación de la Inspección de Trabajo y del SEPE coincidieron en que el acuerdo impugnado constituía un fraude de ley. El respaldo de dos administraciones públicas a la demanda presentada por CGT refuerza que nuestra posición era jurídicamente fundada. Por todo ello, este proceso no finaliza aquí: CGT recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo
