En menos de un mes han sufrido una movilidad geográfica en medio de la pandemia y ahora un ERTE de un año por el Covid-19 con el único objetivo de que rescindan sus contratos y puedan ser sustituidos por trabajadores de telemarketing
Desde que comenzó la pandemia, hemos visto como algunas empresas sin escrúpulos han utilizado el coronavirus para degradar los derechos laborales que tienen sus trabajadores.
Asistimos a un patético espectáculo de las gentes de la derecha en las calles, en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19 y con la mayoría de la población confinada en sus casas, tratando de sobrevivir y de no extender el maldito a virus para no volver a la situación de sobresaturación de los hospitales y las UCI.
El incremento del trabajo en casa ha destapado vacíos en la regulación
La crisis del coronavirus ha demostrado a muchos escépticos que el teletrabajo es una opción real para muchas empresas y empleados. Según una encuesta realizada por Eurofound, más de un tercio de la fuerza laboral europea ha tenido que adaptarse por primera vez a esta situación. Sin embargo, el teletrabajo forzoso también ha destapado las carencias del sistema. La falta de convenios y protocolos específicos que complementen la escasa regulación existente ha desatado multitud de dudas entre las plantillas (las consultas se han multiplicado por catorce, según Legálitas), poniendo de relieve que urge legislar un modelo que parece que viene para quedarse.
Según datos del Banco de España, el año 2019 terminó con el cierre de 1.004 sucursales en sus últimos cuatro meses, la cifra más alta desde 2013. El sector bancario español, compuesto por bancos tradicionales, antiguas cajas de ahorro y cooperativas de crédito, contaba con 23.851 sucursales a finales de año, un 47 % menos que en 2008. Estos cierres se deben a la creciente transformación digital, al coste de explotación de la sucursal y a la focalización de los clientes en los canales móviles: hoy en día exigen más autonomía que nunca. Los riesgos de estos cierres son que algunas áreas ya no serán atendidas por los bancos, que podrían experimentar una pérdida de cuotas de mercado.
La plantilla del banco denuncia, entre otras cosas, que no se han tenido en cuenta las dimensiones de las oficinas para aplicar las medidas de prevención, ya que la fundamental es el distanciamiento social. En muchas sucursales es imposible conseguirlo
CaixaBank y Bankia presionan para cerrar un acuerdo antes del 30 de junio, para el que los representantes de la platilla piden una subida salarial del 3%
Con mal pie parece que se han reanudado las conversaciones entre los sindicatos y las antiguas cajas de ahorros para intentar llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo.
Un informe de Hogan Lovells alerta de que la infracción en su tramitación tiene consecuencias más allá del plano laboral
El fraude en la tramitación de los ERTE está en el punto de mira del Ministerio de Trabajo. Hace unos días, el Real Decreto Ley 15/2020 endurecía las sanciones de tipo laboral para estos supuestos, calificando como muy grave la declaración o comunicación de datos falsos o inexactos para obtener irregularmente prestaciones, o las artimañas para lograr que su cantidad fuera superior a lo que regularmente corresponde. Las multas serán de entre 6.251 y 187.515 euros, el rango más alto previsto en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.
«Tememos que cuando se deje de sostener el empleo con dinero público empiecen los ERE de verdad», asegura el secretario general de CGT
José Manuel Muñoz Póliz (Valladolid, 1962) hace hincapié en que la clase trabajadora debe estar alerta ante la posibilidad de que sea ella, quien genera trabajo y riqueza, quien precisamente pague esta crisis. El secretario general de la Confederación General del Trabajo —tercer sindicato en representación territorial con más de 100.000 afiliados— asegura que la organización ya piensa en un escenario de protesta social a medio plazo que siga a la desescalada recién iniciada.
El organismo demanda al Ministerio de Trabajo que detalle cuánto han pagado medio centenar de empresas por los despidos masivos de mayores de 50 años.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha pedido al Ministerio de Trabajo y Economía Social que detalle cuánto ha pagado hasta ahora cada una de las grandes empresas que desde el año 2011 han ejecutado despidos colectivos que han afectado a trabajadores mayores de 50 años. El organismo ha reclamado al departamento que dirige Yolanda Díaz que especifique, en base a la información que obra en poder del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), las cantidades abonadas por medio centenar de empresas entre las que aparecen gigantes del Ibex 35 como Telefónica, Banco Santander o Caixabank, entre otras, según sendas resoluciones consultadas por La Información.