Primer mes del registro de jornada: empieza la inspección y las empresas, en pleno caos

La inspección priorizará los requerimientos a las sanciones durante los primeros meses. Los sectores financiero y hostelero tendrán una vigilancia especial

Un mes después de la entrada en vigor del registro de jornada, las empresas todavía no han conseguido implementar sus sistemas para realizar un control del tiempo de trabajo efectivo de sus asalariados. A las dudas legales, resueltas a medias por la guía publicada por el Ministerio de Trabajo y el criterio técnico de la Inspección de Trabajo, se unen las trabas en la negociación con los trabajadores. El resultado es que la gran mayoría de las empresas que no tenían establecido un sistema de control antes del cambio normativo siguen sin tenerlo. Y, mientras tanto, la inspección ha comenzado ya los registros.

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El trabajador podrá pedir un horario a la carta para conciliar sin reducir jornada

La empresa deberá responder en un mes y solo lo podrá denegar por causas justificadas

Silenciada por el ruidoso debate acerca del control de horarios, otra reforma reciente del Estatuto de los Trabajadores amenaza con provocar más de un quebradero de cabeza en las empresas. Y es que, desde el pasado 8 de marzo, cualquier trabajador puede pedir un cambio en su jornada laboral que le permita conciliar su vida laboral y familiar, sin necesidad de reducir jornada y, por tanto, asumir una rebaja en la nómina.

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Expulsados de la empresa por edad cueste lo que cueste

Las empresas activan los despidos de mayores de 50 años y aceleran las jubilaciones a pesar del castigado sistema de pensiones

La edad no perdona. Así de crudo es el mercado laboral español, del que los mayores de 50 años son expulsados sin piedad, aumentando las cifras del paro de larga duración. Aunque en los últimos tiempos el colectivo de más de 45 años ha reducido su peso en el desempleo de 1,9 a 1,6 millones de personas, lo cierto es que su evolución sigue siendo mucho peor que la del conjunto de la población (mejora el 14,7% frente al 23,3% nacional) y se deja notar en la ocupación. Ahora la situación pinta peor que hace unos meses porque vuelven los expedientes de regulación de empleo (ERE), las prejubilaciones, desvincu­laciones y bajas incentivadas, que tienen como claro foco a los más veteranos de las plantillas. De hecho, Gonzalo Pino, secretario de política sindical de UGT, está seguro de que 2019 registrará un aumento de las cifras del año precedente.

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CGT consigue que el TS cambie su doctrina sobre la finalización anticipada de contratos de obra

En la misma sentencia se reconoce además que el convenio del Sector del Telemarketing rebajaba derechos indisponibles

La Confederación General del Trabajo (CGT) informa de que la tarde del viernes 17 de mayo de 2019 le fue notificada la sentencia 283/2019 de 4 de abril de 2019, en la que el Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo ha estimado la demanda de CGT en un Despido Colectivo de hecho de la empresa Konecta. Esta sentencia casa y revoca la sentencia de instancia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5 de marzo de 2018, dictada en el procedimiento 942/2017 que inicialmente había desestimado la demanda al no entender que estas bajas conforme al artículo 17 del Convenio Colectivo Estatal del Sector del Contact Center eran despidos.

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ERE Santander: las personas no importan

Un Expediente de Regulación de Empleo como el que plantea el Santander, en una situación en que la entidad está generando beneficios y donde la plantilla está infra dimensionada por el número de horas extras que tienen que realizar los empleados, sólo se justifica por la priorización del beneficio económico frente a todo lo demás

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La justicia europea avala el registro obligatorio de la jornada laboral

Una sentencia establece que todos los Estados miembros deben «imponer» a las empresas la implantación de sistemas para computar la jornada

Apenas dos días después de la entrada en vigor del decreto que obliga a las empresas españolas a realizar un seguimiento de la jornada laboral de sus empleados, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no solo avala la medida sino que considera que debería tener carácter obligatorio en todos los Estados miembros. En un fallo que se ha dado a conocer este martes, el alto tribunal considera que para garantizar el efecto útil de los derechos que confieren la directiva europea relativa al tiempo de trabajo y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la totalidad de los países del club «deben imponer a los empresarios la obligación de implantar un sistema objetivo, fiable y accesible que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador».

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Las malas artes del BBVA para incrementar sus beneficios un 50%: imponen valoraciones negativas a sus trabajadores para ´despedirlos´ y recortan los bonus pagados a sus directivos

Decía Keynes que desde que los macro indicadores económicos cambian -a mejor o a peor-, sus efectos reales en las casas de los ciudadanos pueden tardar en hacerse notar hasta diez años. Diez años, precisamente son los que ya han pasado desde el tremendo batacazo de las hipotecas subprime en Estados Unidos que hundió a Leman Brothers, AIG y que provocó un devastador efecto dominó a todo el mundo. Pues bien, hoy en día, en España, se siguen pagando los platos rotos de aquella hecatombe.

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1º de Mayo: ¡Ahora más que nunca! Más organización y más lucha en la calle

Sin duda, la consecución de la jornada laboral diaria de 8 horas es el hito más importante del movimiento obrero del estado español. Un logro que vino precedido por una huelga que duró 44 días y que se inició en la empresa Riegos y Fuerzas del Ebro de Barcelona, conocida popularmente como “La Canadiense”, por ser su socio mayoritario el Canadian Bank of Comerce de Toronto.

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28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

El nuevo modelo de Mutuas excede, con mucho, la mera gestión de las incapacidades estrictamente profesionales y se sitúa, además, en un lugar privilegiado para la gestión de las incapacidades comunes. Es un modelo en el que las Mutuas, como entidades empresariales, reciben fondos públicos para que gestionen tanto prestaciones asistenciales como económicas a los trabajadores en situación de incapacidad temporal, sea ésta del tipo que sea, y esto es algo que debe desaparecer. Dichas funciones deben ser, por tanto, reintegradas al ámbito público.

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