En torno al derecho a la desconexión digital y su plasmación en los planes / protocolos de desconexión digital y en los convenios colectivos se abren distintas fuentes de conflicto que previsiblemente desembocarán en los tribunales.
Y una de las cuestiones más espinosas gira en torno a las denominadas “circunstancias excepcionales” donde no opera el derecho a la desconexión digital.
El pasado 2 de noviembre se anunció finalmente por parte del gobierno el inicio de la negociación para la reforma laboral, la denominada «reforma laboral para el siglo XXI». Desde la Confederación General del Trabajo hemos analizado todas las noticias y declaraciones públicas con creciente preocupación. Se confirma que el gobierno no derogará las dos reformas laborales (2010, del gobierno Zapatero, y 2012, del gobierno Rajoy) que han sumido a nuestro país en la mayor precariedad laboral que se recuerda. Ahí están los datos de la última EPA, donde las cifras relativas a la destrucción de empleo, temporalidad o la inmensa brecha salarial, así como el crecimiento galopante de los denominados “trabajadores pobres”, demuestran que la hemorragia no puede frenarse únicamente con un puñado de tiritas.
Hace mucho tiempo que los dirigentes de CCOO y UGT dejaron de lado la acción sindical cotidiana y el esfuerzo por fortalecer los sindicatos como instrumentos de lucha. Han renunciado, sin ningún disimulo, a organizar a los sectores de la clase obrera más desprotegidos y han abandonado a su suerte a los millones de jóvenes que son brutalmente explotados en la hostelería y la pequeña y mediana empresa.
Ya se ha firmado el convenio colectivo que estará en vigor para el conjunto del sector asegurador durante el período 2020-2024. Por parte del seguro español, el convenio lo han suscrito Unespa, en representación de las aseguradoras y reaseguradoras; Asecore, en nombre de las corredurías de reaseguro; y CEM, por parte de las mutualidades de previsión social. También lo han rubricado los sindicatos CCOO-Servicios y UGT, además de AMAT, la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo. El pasado 12 de octubre, las partes llegaron a un acuerdo, que se acaba de materializar.
“Esta interpretación reduccionista que propugna el sindicato recurrente [CC OO y UGT] resultaría contraria al derecho de libertad sindical y al pluralismo sindical”, considera la sentencia de la sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.
La organización ha impugnado el despido colectivo, que ya se ha empezado a ejecutar y que se cerró con el apoyo de otros tres sindicatos.
BBVA se va a ver las caras en los tribunales con CGT dentro de dos semanas. El sindicato ha decidido impugnar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el banco ha puesto ya en marcha y que afecta a un total de 2.935 empleados (2.725 salidas definitivas y 210 excedencias) y el juicio para dirimir qué parte tiene la razón se celebrará en la Audiencia Nacional el próximo 27 de octubre, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.
Una parte de los sindicatos ha demandado al banco por aplicar un despido colectivo sin posibilidad de manifestarse y tras justificar el ajuste por una «causa ilícita»: la sentencia por usura en las revolving.
El Tribunal Supremo respalda la legalidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que WiZink ejecutó durante el verano de 2020. Apenas tres meses después de que se decretara el estado de alarma y se impusieran medidas de confinamiento a la población, la entidad anunció su intención de acometer un recorte de plantilla de casi el 10%. ¿El motivo? La falta de rentabilidad, sobre todo por el impacto en sus cuentas de una sentencia que precisamente emitió el Alto Tribunal en su contra: la del interés usurario en las tarjetas revolving.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento de la investigación por blanqueo de capitales de la Lista Falciani, el magistrado Santiago Pedraz lo acordó, pese a los informes de los peritos del Banco de España, y tratan de impedir la personación de un abogado y accionista del Santander para que no pueda ejercer la acusación popular para que las investigaciones judiciales continúen
¿Por qué muchas empresas han mantenido el teletrabajo? El secreto está en que pagas tú el alquiler, los materiales, la limpieza o la electricidad. Esta última marcando máximos históricos cada semana. Aquí te lo contamos.
Las patronales del sector de cooperativas de crédito y el sindicato CCOO han firmado el convenio colectivo para el periodo 2019-2023 tras dos años y medio de negociaciones, que recoge un incremento salarial del 4,05% en cinco años y regula el teletrabajo y el derecho a la desconexión digital.