¡Lo importante son la personas!
Es el mantra de nuestra empresa.
Y cuando lo oímos en los centros de trabajo nos quedamos un poco perplejos.
Porque cuando alguien considera importante algo, lo normal es cuidarlo, mimarlo y tratarlo bien para que “sienta los colores”.
El Banco de España es posiblemente la institución pública que más dinero ha costado a los españoles en el último medio siglo. No por los privilegios y altos sueldos de sus directivos, que serían pocos si hicieran bien su trabajo. Lo que nos cuesta un riñón es que no desarrolla con eficacia su función principal de promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero. En lugar de garantizarlos, ha cometido fallos calamitosos de supervisión y control que han producido o no han evitado insolvencias y crisis de un coste financiero elevadísimo.
Señor Presidente, Señoras y Señores del Consejo, Señoras y Señores Accionistas, Compañeras y Compañeros.
Mi nombre es Antonio Fragua, Secretario General de la Confederación General del Trabajo en BBVA y les hablo en nombre de mi Sección Estatal y en el de quienes han delegado en nosotros cerca de 2 millones de acciones.
Desde hace bastante tiempo venimos denunciando el enmascaramiento de los Riesgos psicosociales en BBVA, pero el Banco, más que intentar reducirlos, las medidas que toma y ejecuta sólo los incrementa hasta límites insostenibles.
Una buena muestra de esta situación se produce cada día en las oficinas, unas oficinas que cada vez son menos y que cada vez tienen que dar servicio a más clientela, debido a las múltiples integraciones.
Dos años de reuniones han sido necesarios para negociar el XXIV Convenio Colectivo de Banca. Un convenio colectivo, suscrito entre los sindicatos CCOO, UGT y FINE y la patronal bancaria AEB, que ha entrado en vigor tras su publicación en el BOE el pasado 30 de marzo, y que, sin motivo alguno, condena a las personas que trabajamos en el sector bancario a una cuasi congelación salarial de 5 años, a un registro de jornada ineficaz y fraudulento, a un teletrabajo con un coste no compensado suficientemente y a una inexplicable pérdida de derechos laborales. A la par que renuncia a asuntos importantes como, entre otros, a la supresión de la categoría de acceso a la profesión, la recuperación de los ascensos por capacitación, a la correcta adecuación profesional del personal con funciones comerciales, a la participación real de las plantillas en los beneficios, así como a la incorporación de medidas más efectivas de conciliación y de corresponsabilidad, tan necesarias y demandadas hoy en día.
Muchas personas de este país tienen una cuenta abierta en un banco o caja de ahorros por obligación, no tienen su escaso dinero en el banco porque les apetezca, por el capricho de un momento de fantasía o por presumir de tener cuenta bancaria.
El mecanismo del cobro de pensiones y de otras prestaciones del Estado hace tiempo que se realiza a través de la banca y esta, conocedora de su situación de privilegio, impone cláusulas abusivas a quienes llama sus clientes. Clientes que el Estado le ha servido en bandeja o mejor dicho los ha hecho clientes de la banca a la fuerza, sin protegerles de la rapiña que estas corporaciones hacen sobre ellos una vez que han caído en su red.
Un reciente informe de Infojobs apunta que la regulación del trabajo en remoto no ha solucionado el principal problema que llevan años sufriendo los empleados.
A estas alturas, parece evidente que el teletrabajo ha llegado para quedarse: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el último año se ha duplicado el número de trabajadores en remoto, llegando hasta los dos millones de españoles. Ante este ‘boom’, el pasado mes de septiembre de 2020 el Gobierno dio luz verde a un decreto-ley que estableció las nuevas normativas del teletrabajo en nuestro país. Sin embargo, no todo son loas a la nueva legislación, ya que hay aspectos como los gastos en el hogar asociados a la actividad profesional (teléfono, internet, etc.) que no están muy bien definidos o que, en algunos, de los que la empresa no se hace cargo.
Esta Junta está marcada, inevitablemente, por las continuadas apariciones del Sr. Genç en la prensa y sus alusiones a Reestructuraciones de costes en BBVA o, como han acuñado la expresión: “Repensar los costes en BBVA”.
CGT ya hemos expuesto a la Alta Dirección –en un principio- y de forma pública, posteriormente, que no es de recibo soltar “globos sonda” en prensa generando inquietud, sin concretar y sin avisar previamente a la RLT. Le recordamos al Presidente las 1.000 oficinas a cerrar que él mismo dijo –y después matizóen prensa cuando era “segundo de FG” y las declaraciones de Onur Genç de finales de enero. CGT no admitiremos reestructuración de costes sin haberse presentado un plan de viabilidad que no conlleve, tras haber acometido todos los recortes posibles en todos los ámbitos “no humanos”, más que en última instancia a la plantilla, y, en todo caso, vía prejubilaciones.
Recientemente, la dirección de Capgemini dentro de su política de realizar despidos cada 3 meses aproximadamente, decidió deshacerse nuevamente de un total de 29 trabajadores repartidos entre los distintos centros mientras que paralelamente ha continuado haciendo nuevas contrataciones. Dicha política está descapitalizando Capgemini directa e indirectamente dado que:
Sentencia estimatoria de que declara la existencia de cesión ilegal de trabajadores de la empresa Santander Operaciones, S.L. a Banco Santander, S.A., evidenciando que este último hace uso de mano de obra o fuerza de trabajo más barata para realizar actividades propias del Banco.