La Audiencia Nacional ha desestimado la demanda de conflicto colectivo que presentó CGT en materia de impugnación de suspensión de contratos.
Como consta en la propia sentencia, «La parte demandada ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA S.L, se opone a la demanda interpuesta por el sindicato CGT y solicita una sentencia íntegramente desestimatoria. Puntualizó que cuando se alcanza un acuerdo, la posibilidad de impugnarlo es por dolo, fraude o abuso del derecho y nada se ha concretado».
Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo fallan: » los contratos de interinidad que se celebran en la empresa deben realizarse con el nivel profesional y salarial que corresponde al trabajador sustituido de nivel salarial VIII, para los años 2017 y posteriores, condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración y condenando asimismo al abono de la diferencia devengada en el año 2.017 y 2018 entre el salario correspondiente al nivel salarial XI, otorgado a los trabajadores sustitutos y el nivel salarial VIII, de los trabajadores sustituidos, que asciende a 6.815,52 € anuales en el año 2018 y a 6698,3 € anuales en el año 2017, y, en su caso, a las diferencias entre el nivel salarial XI y el nivel salarial IX que ascienden a 4812,05 € anuales en 2018 y a 4729,29 € anuales en 2017, con las consecuencias legales inherentes a tal pronunciamiento.»
Los planes de igualdad tienen rango de convenio colectivo y el uso de la comisión «ad hoc» para negociar dichos planes se limita a los casos en que expresamente la ley establece.
Así lo indica la sentencia 95/2021 del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2021 (recurso 50/2020), que ha venido a justificar el porqué de esta obligación de la que fue ponente el magistrado Ricardo Bodas y de cuyo tribunal formaron parte María Luisa Segoviano —presidenta de la Sala–; Ángel Blasco, Concepción Rosario Ureste e Ignacio García-Perrote.
Se estiman, como mínimo, 400 mil horas extras realizadas para la formación MIFID2 que no han sido compensadas entre los años 2017 y 2020. CGT reclama, para los y las ocho mil trabajadoras afectadas, que sean abonadas y cotizadas a la Seguridad Social.
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El Tribunal cambia su doctrina y considera ahora que estas empresas no pueden «apoyar la esencia de su actividad en una plantilla sujeta al régimen de indeterminación de las relaciones laborales»
Pocos días después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) en la que se pone en cuestión la legalidad de los contratos por obra o servicio, hoy nos despertamos con un nuevo encargo de un cliente viejo: la Comunidad de Madrid encarga a Cruz Roja la campaña de vacunación contra el COVID-19. La duración estimada es de 6 meses. La misma duración que tendrán los contratos de trabajo vinculados a esta campaña.
El Supremo obliga a la compañía a acreditar que se trata de una disminución continuada y voluntaria
Cuando la empresa despide a un trabajador por bajo rendimiento, está obligada a aportar los resultados de compañeros con cargos similares. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo (TS) en una reciente sentencia en la que declara improcedente el cese de un vendedor de libros que no llegó al límite de ventas fijado en su contrato al considerar que la compañía debería haber comparado sus datos con los de otros empleados.
El tribunal establece que las impresiones o los pantallazos de los emails podrán sustentar los recursos de suplicación o casación
El Tribunal Supremo zanja el debate y establece que los correos electrónicos (su impresión o los pantallazos de los mismos) son un medio de prueba válido para sustentar la revisión fáctica en los recursos de suplicación en el ámbito laboral (la impugnación contra los fallos de primera instancia). La sentencia, dictada por el Pleno de la Sala de lo Social el pasado 23 de julio, afirma que «el avance tecnológico ha hecho que muchos documentos se materialicen y presenten a juicio a través de nuevos soportes electrónicos, lo que no debe excluir su naturaleza de prueba documental». Eso sí, subrayan los magistrados, «con las necesarias adaptaciones» como, por ejemplo, ir acompañada de la necesaria autenticación.
El Tribunal Supremo ha rectificado a la Audiencia Nacional y considera que la formación de los empleados del Sabadell para MiFID II fue obligatoria y son horas de trabajo efectivo
El Tribunal Supremo ha emitido un fallo que puede ser clave en la futura relación entre bancos y plantillas, o entre patronales y sindicatos. El alto tribunal aceptó un recurso de CGT al que se adhirió también UGT que dictamina que las horas de formación por MiFID II que han llevado a cabo los empleados de Banco Sabadell deben ser consideradas trabajo efectivo por haber sido certificaciones obligatorias.