Tras veintidós meses desde el vencimiento del anterior XXIII Convenio de Banca, y a menos de un mes del fin de la segunda prórroga de su ultractividad, la negociación del nuevo convenio colectivo continúa en vía muerta, sin ningún punto de acuerdo que haga presagiar un mínimo avance en las negociaciones.
Vamos a hacer una traducción del comunicado que mandó el pasado lunes el Presidente, Fernando Abril-Matorell, para intentar comprender el mensaje recibido.
Buenos días,
Quiero informarte que Indra ha comunicado el pasado viernes a la representación legal de los trabajadores de ISTI el inicio de un período de negociación para llegar a un acuerdo sobre las medidas concretas necesarias para llevar a cabo una transformación de su plantilla.
El 7 de octubre se celebró la sexta reunión de seguimiento de trabajos presenciales en las oficinas de AtoS Spain (Resumen de la reunión del 30 de septiembre, Resumen de la reunión del 23 de septiembre, Resumen de la reunión del 16 de septiembre, Resumen de la reunión del 9 de septiembre, Resumen de la reunión del 2 de septiembre) en la que la dirección de RRHH informa de los siguientes temas:
El pasado 22 de Junio y ante la instrucción por parte de BBVA de reducir el horario de caja en todas sus oficinas ya os escribimos para mostraros el desacuerdo de CGT ante esta medida, poniendo en valor el puesto de caja y más aún después del periodo de estado de alarma producido por la pandemia que nos continua azotando, donde gran parte de la esencialidad de nuestro trabajo venía derivado por la atención en caja.
El Supremo obliga a la compañía a acreditar que se trata de una disminución continuada y voluntaria
Cuando la empresa despide a un trabajador por bajo rendimiento, está obligada a aportar los resultados de compañeros con cargos similares. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo (TS) en una reciente sentencia en la que declara improcedente el cese de un vendedor de libros que no llegó al límite de ventas fijado en su contrato al considerar que la compañía debería haber comparado sus datos con los de otros empleados.
Recientemente se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 28/2020, de 23 de septiembre, del trabajo a distancia. Muchos de los aspectos regulados, ya se encontraban presentes en nuestro Ordenamiento Jurídico, si bien el nuevo cuerpo normativo incorpora aspectos novedosos y desarrolla de una manera más prolija la escueta regulación nacional existente hasta la fecha. De todos los puntos que se tratan, resulta de especial interés el relativo a los gastos derivados del trabajo a distancia, que se alzó durante semanas como uno de los principales escollos en las negociaciones de este instrumento jurídico.
CGT interpuso denuncia con motivo de que más de 20 empleados de la oficina de Barcelona superaron el límite de 80 horas extraordinarias al año no compensadas dentro del periodo anual establecido.
Ante tal irregularidad, y tras haber citado a la empresa, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña inició procedimiento sancionador por cada uno de los trabajadores con los que la empresa incumple lo establecido en el artículo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores que dice lo siguiente:
Tras varios meses, por fin, como sabéis el pasado día 22, se publicó en el BOE, la ley que regula el teletrabajo, mediante el Real Decreto ley 28/2020 de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.
A continuación, intentamos desgranar los aspectos más importantes:
CGT quiere denunciar la aptitud sectaria (una vez más) y excluyente de CC.OO y UGT respecto a sindicatos como el nuestro y otros como USO y CSIF, arrogándose a la manera de “lobby patronal mayoritario”, la exclusiva representatividad de la clase obrera en el Consejo de Desarrollo Sostenible que el 24 de septiembre se constituyó, para desarrollar la Agenda 2030, con los 17 objetivos aprobados por casi 200 países del mundo en la ONU en el 2015.
El tribunal establece que las impresiones o los pantallazos de los emails podrán sustentar los recursos de suplicación o casación
El Tribunal Supremo zanja el debate y establece que los correos electrónicos (su impresión o los pantallazos de los mismos) son un medio de prueba válido para sustentar la revisión fáctica en los recursos de suplicación en el ámbito laboral (la impugnación contra los fallos de primera instancia). La sentencia, dictada por el Pleno de la Sala de lo Social el pasado 23 de julio, afirma que «el avance tecnológico ha hecho que muchos documentos se materialicen y presenten a juicio a través de nuevos soportes electrónicos, lo que no debe excluir su naturaleza de prueba documental». Eso sí, subrayan los magistrados, «con las necesarias adaptaciones» como, por ejemplo, ir acompañada de la necesaria autenticación.